El Gobierno Provincial espera la aprobación de la Ley Penal Tributaria sobre los tributos provinciales para continuar la lucha contra la evasión fiscal e incrementar la recaudación genuina; con el objetivo de mejorar la inversión salarial, en obras y servicios y respaldando la conducta del buen contribuyente. La norma permitirá avanzar con sanciones penales contra quienes incurran en evasión o defraudación en materia de impuestos.

 

El proyecto enviado hace un par de semanas a la Legislatura local conforma el paquete de propuestas de leyes fiscales y tributarias que elaboró la Provincia. Se trata de una herramienta para cumplir con los objetivos que permitan consolidar la equidad tributaria, fortaleciendo el combate a la evasión y, consecuentemente, mejorando la recaudación para volcar más recursos en salarios, obras y servicios.

 

La Ley Penal Tributaria sobre los impuestos provinciales consiste en una norma procedimental que permitirá calificar el delito de evasión fiscal, con la consecuente sanción penal. Actualmente el incumplimiento del contribuyente a nivel provincial se enmarca en la figura de infracción administrativa que sólo se pena con una multa.

 

Hasta el mes de diciembre de 2011 la Ley Penal Tributaria de alcance a nivel nacional sólo consideraba delito a la evasión sobre los impuestos nacionales. A partir de una reforma introducida el año pasado, se incorporó a los fiscos provinciales al ámbito de protección del derecho penal.

 

En este contexto, la Provincia necesita sancionar la norma procedimental para hacer cumplir lo alcances de la ley y denunciar penalmente a los evasores.

 

El proyecto de ley que espera su tratamiento en la Cámara de Senadores también contempla la creación de un tribunal específico a cargo de resolver los casos de evasión que denuncie la Provincia o los particulares.

 

Para ello impulsa la constitución del Juzgado de Instrucción en lo Penal Tributario que tendrá competencia en todo el territorio provincial para la investigación de los delitos contemplados en la Ley Penal Tributaria Nº 24.769. Contará con una Secretaría Única y una Fiscalía. Además, se establece una Defensoría Pública Oficial.

 

“La Provincia busca garantizar, dentro de su territorio, una clara diferencia entre el contribuyente que por error u omisión deja de ingresar el tributo correspondiente, de aquel que estafa al Estado valiéndose de engaño u ocultación maliciosa, perjudicando a las finanzas publicas”, explicó el ministro de Hacienda, Enrique Vaz Torres.

 

El fuero de atracción que caracteriza a la jurisdicción penal, permitirá además hacer comparecer a contribuyentes de otras jurisdicciones que, mediante maniobras delictivas, evaden los tributos de Corrientes.

 

“Así como es muy importante diferenciar el buen contribuyente del que no lo es; es de estricta justicia detectar y sancionar a quien decidió intencionalmente estafar al fisco”, remarcó el Ministro.

 

NUEVA HERRAMIENTA

 

La sanción de esta Ley fortalecerá el sistema y la estructura recaudatoria local. En los últimos años, la Provincia incrementó notoriamente las tareas preventivas y fiscalizadoras para combatir la evasión; acción que se practica sobre los contribuyentes que desarrollan sus actividades dentro y fuera de la jurisdicción provincial.

 

Este proceso también incorporó innovaciones tecnológicas, evolución que permitió abarcar mayores tareas de control y desarrollar inteligencia fiscal en las distintas áreas de la Dirección General de Rentas de Corrientes.

 

Además, se profundizó el trabajo que realizan los distintos puestos de control que tiene la repartición pública en toda la geografía correntina; abarcando siempre los tributos provinciales: ingresos brutos, inmobiliario rural, sellos y tasas contributivas por servicios.

 

BENEFICIOS

 

Además de consolidar la equidad tributaria, la Provincia lucha contra la evasión fiscal para mejorar la recaudación genuina. El incremento de recursos que garantizará el pago de los impuestos a través de la Ley Penal Tributaria, permitirá volcar más fondos en la inversión salarial, obras de infraestructura y servicios.

 

El Gobierno Provincial financia con fondos propios obras viales, energéticas, sanitarias, viviendas, comisarías, escuelas y hospitales, entre otras. Además garantiza los servicios de salud, educación y seguridad; íntegramente con recursos propios, la Provincia asegura asimismo la alimentación en los establecimientos escolares y en los comedores.